ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado ponente
AC7667-2017
Radicación n° 11001-31-03-020-2011-00412-01
(Aprobado en sesión de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete)
Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).-
Decide la Sala la admisibilidad de la demanda presentada por MARÍA ELENA ARISTIZÁBAL SALAZAR para sustentar el recurso extraordinario de casación que interpuso contra la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2015 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro del juicio ordinario reivindicatorio que frente a ella adelantaron LUIS HUMBERTO LANCHEROS APARICIO y ADRIANA MARCELA DÍAZ ARISTIZÁBAL, donde a su vez aquella formuló reconvención reclamando la pertenencia respecto de estos últimos y personas indeterminadas.
ANTECEDENTES
1. Con libelo radicado el 16 de agosto de 2011, los promotores solicitaron declarar que les “pertenece el dominio pleno y absoluto” del inmueble situado en la carrera 71D n°. 74 A-61 de Bogotá e identificado con la matrícula 50C-38040. En consecuencia, pidieron ordenar a su favor la restitución del bien junto con los frutos causados desde el momento en el que la convocada ha poseído el predio de mala fe; el pago del costo de las reparaciones que por culpa de la accionada se deban realizar al fundo; y la inscripción de la sentencia en el folio de matrícula respectivo (fls. 34 a 39).
2. Como causa petendi expusieron que:
a.-) Mediante las escrituras pública números 6073 de 15 de septiembre de 1971 y 2848 de 5 de noviembre de 1986, ambas de la Notaría Trece de Bogotá, Beatriz Aristizábal Salazar adquirió el ciento por ciento (100%) del aludido predio.
b.-) El 21 de julio de 2009, ante la “carencia de argumentos fácticos respecto de los hechos”, el Tribunal de Bogotá confirmó la sentencia del Juzgado Veintiséis Civil de Circuito del lugar, que desestimó las pretensiones de la demanda de pertenencia de María Elena Aristizábal sobre el cincuenta por ciento del bien por “Inexistencia del derecho que la actora pretend[ía] hacer valer…”.
c.-) La prenombrada entró al inmueble reconociendo a Beatriz Aristizábal Salazar “como señora y dueña, y la despojó con violencia y ejerciendo amenazas”, por lo que tanto ella “como los ocupantes indeterminados…no están en capacidad” de adquirirlo por usucapión.
d.-) Dentro de la sucesión de la precitada fueron emplazados todos quienes se creyeran con derecho a intervenir, sin que concurriera nadie, y por sentencia de 18 de febrero de 2010 el Juzgado Diecisiete de Familia de la ciudad les adjudicó el bien –a los aquí reclamantes-, que no han enajenado ni prometido en venta (fls. 34 al 38).
3. Notificada la demandada inicial, se opuso a las súplicas reseñadas; excepcionó de mérito “Carencia del derecho invocado por la actora” y “Prescripción adquisitiva extraordinaria” (fls. 43 al 49 del c. 1); y, además, demandó en reconvención, solicitando declarar que adquirió el bien con la nomenclatura ya reseñada, “lote No. 38 de la manzana No. 176”, por usucapión y que, en consecuencia, se ordene inscribir el fallo en el folio pertinente.
4. A las aspiraciones del pliego de mutua petición, se opusieron los promotores iniciales, formulando las defensas de fondo que denominaron “Inexistencia del derecho que la demandante pretende hacer valer” y “Cosa juzgada” (fls. 22 al 26 ídem).
Por su lado, la curadora ad-litem de las personas indeterminadas manifestó “carecer de información” para pronunciarse sobre los hechos, y para formular resguardos de mérito.
5. El 4 de noviembre de 2014, el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogotá clausuró primera instancia con sentencia que acogió las súplicas de los reinvindicantes, atinentes a que se les reconociera el dominio pleno y absoluto del bien y se mandara su restitución, y desestimó las de su contrincante, a quien condenó en costas. Así mismo, dispuso la inscripción del fallo en el correspondiente folio de matrícula (fls.110 a 122, c. principal).
6. Apelada la anterior decisión por la perdedora, el 2 de diciembre de 2015 el Tribunal la confirmó e impuso a la recurrente las costas de la instancia (fls. 10 al 27 del c. 3).
7. Inconforme con la resolución, el 14 de ese mismo mes, la vencida interpuso recurso de casación que, una vez concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, fue sustentado oportunamente con el escrito que es objeto de examen (fls. 29 y 91 al 94 íd. y 5 al 19, Corte).
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Los argumentos centrales para resolver el caso se compendian así:
1. En la prescripción adquisitiva extraordinaria adquisitiva de dominio, el demandante debe acreditar de manera concurrente su posesión material por veinte años; que esta sea “quieta, pacífica, continua e ininterrumpida”; y que se ejerza sobre una cosa o derecho “susceptible de adquirirse por ese fenómeno”.
2. La posesión material de la accionante en reconvención no se discute, por lo que se entrará a estudiar el argumento medular del juzgado de primera instancia para no darle prosperidad a la pertenencia, y que se confronta en la apelación: dicho señorío no se prolongó por el término de veinte años.
3. Como rectificación del motivo que llevó al a-quo a negar la cosa juzgada “por no encontrar presente lo que denominó la ‘trinidad de identidades’”, se advierte que la sentencia dictada en un proceso anterior de pertenencia, encaja dentro de las excepciones a esa figura contempladas en el artículo 333 del Código de Procedimiento Civil, dado que allí se decidieron “situaciones susceptibles de modificación mediante proceso posterior” generando “cosa juzgada meramente formal”, comoquiera que “al estar ligada la posesión, que se requiere para sacar avante una pretensión de prescripción adquisitiva, al factor temporal, es normal que las circunstancias que sirvieron en un momento para negarla no lo sea en otro” y aquí “es claro para la Sala que la primera demanda devino frustrada por no haberse acreditado el tiempo necesario”.
4. Conforme a lo fundamentado en la demanda de reconvención, “la pretensa usucapiente” apoyó su reclamo en lo dispuesto en el artículo 2352 del Código Civil, antes de la reforma surtida con el canon 6° de la ley 791 de 2002, “pues a otra conclusión no puede llegarse al haber señalado que: ‘…ha tenido la posesión desde hace más de 20 años…’”, por lo que no es aceptable “analizar la alzada atendiendo las previsiones” de la otra normatividad, cuyo tiempo -diez años-en todo caso no se satisface, pues, el 27 de diciembre de 2002 entró en vigencia y el libelo accesorio se radicó apenas ocho años y diez meses después (24 de octubre de 2011).
5. El testimonio es el medio de prueba al que más se acude para demostrar la posesión, debiendo verificarse si son responsivos, exactos y completos (art. 228 C.P.C.). Y en la ponderación de los solicitados a instancia de la demandante en reconvención no se encuentra error, ya que Edgar Enrique Aristizábal Candela expresó que “el predio era de propiedad de la abuela y de su tía Beatriz”; Eulises Galvis Navia manifestó que “era de propiedad de la progenitora de su pareja y que lo reclamado en verdad es la mitad del predio”; Irma Candela de Aristizábal dijo “que no sabe quién es el dueño”; y Orlando Alejandro Sánchez Daza sostuvo que la demandante ha residido toda la vida en la casa, la ha mantenido y paga impuestos “todo ellos porque era de la mamá, al paso que revela que Beatriz la hermana de ella también era poseedora”.
Se colige de esas versiones y del interrogatorio absuelto por los reivindicantes, que “la demandante en reconvención reside en el inmueble junto con su compañero, empero de ello no se sigue necesariamente demostrada la posesión por el tiempo requerido por la ley -20 años-, pues téngase en cuenta que del dicho de los testigos antes reseñados se extrae que la progenitora de la demandante era quien detentaba el raíz hasta su deceso, luego sus hijas -María Elena y Beatriz- siguieron en el bien hasta que sólo quedó la actora en cabeza de este, ello permite inferir que de ejercer actos posesorios de manera exclusiva y excluyente, como efectivamente se observa, sólo los comenzó posteriormente a cuando la titular del dominio inscrita abandonó el predio, Beatriz Aristizábal Salazar, evento que si bien no se tiene certeza sobre la data de su ocurrencia, conforme a las versiones antes comprendidas acaeció hace quince años, es decir, entre 1999 y 2000 y, desde esa data a la fecha de presentación de la acción que nos ocupa -24 de octubre de 2011- solo se contabilizan 12 años”.
6. La usucapiente no adjuntó documentos que acreditaran que pagaba el impuesto predial y los servicios públicos, de tal forma que se pudiera deducir que “actuaba con plenos derechos y atributos sobre el bien, hasta el punto de tenerlo como suyo”, lo que tampoco puede establecerse de la inspección judicial ni del dictamen pericial, comoquiera que versaron sobre otros puntos.
7. De acuerdo con los artículos 946 al 950 del Código Civil, los requisitos de la acción de dominio son “a) derecho de dominio en el demandante; b) la posesión material en el demandado; c) cosa singular reivindicable o cuota determinada de cosa singular; y d) identidad entre la cosa que pretende el actor y la poseída por el opositor”.
8. Frente a la crítica básica de la censora, se responde que “no en todos los casos se hace necesario demostrar por parte de los reivindicantes que ejercieron actos posesorios y que fueron despojados”, pues, cuando el dominio deriva de una adjudicación por sucesión, la sentencia tiene meros efectos declarativos y de publicidad, por lo que la adquisición de la propiedad se retrotrae a la fecha en que murió el causante.
9. El título de propiedad exhibido por los actores es la sentencia aprobatoria de la partición proferida el 18 de febrero de 2010 por el Juzgado Diecisiete de Familia de Bogotá en la mortuoria de Beatriz Aristizábal Salazar, inscrita en el folio de matrícula 50C-38040, anotación número 17, que se acomoda a la preceptiva del artículo 756 del Código Civil, lo que a voces del 950 ídem los legitima para la reivindicación, dado que la causante adquirió el cincuenta por ciento (50%) del dominio en 1971 y el restante en 1988, “según se extrae de las anotaciones 6º y 13º, que confirman lo relatado por los deponentes”, quienes al unísono dicen que vivió allí hasta que por inconvenientes con la reconviniente lo abandonó, “todo lo que permite concluir que la mencionada Beatriz estuvo en posesión del predio desde antes de la ocupación por parte de María Elena Aristizábal Salazar, ya que está demostrado que ella si bien ingresó al predio desde hace más de 30 años, sólo hasta los años 1999 o 2000 pudo ejercer actos posesorios de manera exclusiva y excluyente”.
10. El principio de la buena fe torna obligatorio aceptar las determinaciones de la Oficina de Registro, de las que no obra prueba de su modificación o anulación.
LA DEMANDA DE CASACIÓN
Con fundamento en el artículo 336 del Código General del Proceso, tres cargos se plantean: los dos iniciales por la causal segunda, y el restante por la primera.
PRIMER CARGO
Denuncia el quebranto indirecto de los artículos 400, 762, 764, 768, 769, 770, 771, 2512, 2518, 2522, 2523, 2527 y 2532 del Código Civil; 1º de la Ley 50 de 1936; 6º de la Ley 791 de 2002; y 174, 175, 187, 248, 249, 250 y 407-1 del Código de Procedimiento Civil, “por error de derecho derivado de la consideración de falta de eficacia jurídica de las pruebas”.
En su desarrollo se explica que:
1. El desatino enrostrado consistió en la exigencia hecha por el Tribunal a la prueba testimonial, para que en ella aparezca en forma “exacta la fecha de iniciación de la posesión”, requisito que el artículo 1º de la Ley 50 de 1936 no prevé, lo que le llevó a rechazar y quitarle valor a unas declaraciones que demuestran una posesión de más de veinte años.
2. En la valoración de los testimonios, el sentenciador de segundo grado debió acudir a la “analogía juris” o “analogía jurídica” del artículo 400 del Código Civil, que sirve como parámetro interpretativo para calificar la edad de un individuo. Es decir, que de haberse aplicado ese parámetro normativo, se habría concluido que “entre el mayor y el menor tiempo indicado por los testigos de la posesión [Edgar Enrique Aristizábal Candela y Ulises Galvis], es de 30 años, espacio suficiente para adquirir por usucapión la heredad reclamada en la demanda de pertenencia”.
SEGUNDO CARGO
Se hace consistir en la violación indirecta de los artículos 400, 762, 764, 768, 769, 770, 771, 942, 2512, 2518, 2522, 2523, 2527 y 2532 del Código Civil; 1º de la Ley 50 de 1936; 6º de la Ley 791 de 2002; 174, 175, 187, 248, 249, 250 y 407-1 del Código de Procedimiento Civil, como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de las pruebas.
En el desenvolvimiento de la impugnación, la recurrente explica:
1. Sin estarlo, se dio por demostrado que el bien disputado “está identificado plenamente como un bien de naturaleza singular”; que los demandantes adquirieron “la plena propiedad sobre el bien materia de controversia”; y que tienen el dominio del predio. Y estándolo, no se dio por acreditado, que el momento a partir del cual ejerce la posesión la usucapiente es desde el 21 de mayo de 1991.
2. Las pruebas erróneamente apreciadas son el certificado de libertad, anotación número 17; el dictamen pericial; los testimonios de Ulises Galvis, Irma Candela, Orlando Sánchez y Edgar Enrique Aristizábal Candela; los documentos obrantes a folios 1 al 11; y la inspección judicial.
3. Para el ad-quem fue suficiente el certificado de libertad, para concluir que el bien es de naturaleza singular y está plenamente identificado, sin tener en cuenta que los demandantes iniciales “no ha[n] ejercido acciones de señores y dueños del inmueble que pretende[n] poseer”, porque su reclamo se refiere a un fundo situado en la carrera 71 D N°. 74 A 61, diferente al que ella posee, que conforme la sentencia dictada en el proceso de pertenencia que conoció el Juzgado Veintiséis Civil del Circuito de Bogotá es el “ubicado en la carrera 71 No. 74 A 61”. Además, en la inspección judicial no hubo plena constatación del objeto materia de las súplicas, ya que se consignó que el juzgador se trasladó a la “carrera 71 D 74 A 61”, y más adelante se afirma que corresponde a “la dirección catastral KR 71 D 74 A 61”; confusión que se reiteró en el avalúo practicado.
4. El Tribunal afirmó en su fallo que los accionantes fueron despojados del inmueble que pretenden reivindicar, pero no reparó en los testimonios citados, que informan que Beatriz Aristizábal “libre y voluntariamente abandonó la propiedad, junto con su hija”.
5. Si bien se valoraron las declaraciones de terceros, que narran la posesión de la accionante en reconvención por un tiempo superior a veinte años, el juzgador de segundo grado las desestimó al considerar que ellas no refieren “la fecha exacta en que se inició” el señorío. Pero lo cierto es que todas son acordes en “exponer que la señora Fabiola Aristizábal, desde hace 36, 30 o 40 años (declaración de Irma Candela); de toda la vida, desde mi infancia siempre ha estado allí al cuidado de su madre que ya falleció y de su hermana Beatriz Aristizábal (declaración de Edgar Enrique Aristizábal), ejerce posesión, luego al exigir fecha exacta de iniciación de la posesión, se convierte en una prueba diabólica, digna de una destreza no creíble”.
TERCER CARGO
Denuncia la trasgresión directa de los preceptos 2532 del Código Civil y 1º de la Ley 50 de 1936 “en relación con los artículos 400 y 177 del C.P.C.”, como consecuencia de una interpretación errónea.
En su sustentación se explica que la impugnante que se le exigió la “acreditación del ‘momento a partir del cual ejerce la posesión del dicho bien’; de ‘la fecha exacta en que se inició’”, cuando estas normas apenas requieren que el señorío sea “de treinta años contra toda persona y posteriormente con la segunda normatividad citada de veinte años, para todas las prescripciones trienales”.
CONSIDERACIONES
1. De conformidad con los artículos 624 y 625 del Código General del Proceso, vigente en su integridad a partir del 1º de enero de 2016, “…los recursos…, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron…”; de tal manera que el aquí propuesto el 14 de diciembre de 2015, lo orientan los cánones del Código de Procedimiento Civil y las normas que lo complementaron y modificaron, aún en vigor en esa última fecha.
En tal sentido, la Sala ha expresado que “(…) no obstante haber entrado en vigencia de manera íntegra el Código General del Proceso a partir del 1º de enero del año en curso, al sub lite no resulta aplicable ya que consagró, en los artículos 624 y 625 numeral 5º, que los recursos, entre otras actuaciones, deberían surtirse bajo ‘las leyes vigentes cuando se interpusieron’. Y como el que ahora ocupa la atención de la Sala fue iniciado bajo el imperio del Código de Procedimiento Civil, será este ordenamiento el que siga aplicándose” (CSJ AC6070-2016, reiterado entre otros en CSJ AC2519-2017 y AC2520-2017).
2. Con el anterior marco, el planteamiento que de las causales de casación hizo el recurrente, ha de trasladarse, estudiarse y resolverse con las pautas previstas en el Código de Procedimiento Civil. Por lo que los tres cargos, debe entenderse formulados por la causal primera del artículo 368 ibídem.
3. De acuerdo con el numeral tercero del artículo 374 del C. de P.C., el escrito de casación debe contener “(…) la formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa. Si se trata de la causal primera, se señalarán las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas. Cuando se alegue la violación de norma sustancial como consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda o de su contestación, o de determinada prueba, es necesario que el recurrente lo demuestre. Si la violación de la norma sustancial ha sido consecuencia de error de derecho, se deberán indicar las normas de carácter probatorio que se consideren infringidas explicando en qué consiste la infracción”.
4. Al escrutar detenidamente el libelo en cuestión, la Corte encuentra que ninguno de los cargos aducidos satisface las exigencias mínimas de forma y de técnica, como pasa a explicarse en detalle.
4.1. Todos los embates adolecen de desenfoque.
En efecto, uno de los aspectos de mayor importancia del escrito de casación es que sus ataques guarden armonía con los fundamentos que sirvieron de apoyo al Tribunal para adoptar la resolución censurada, pues, de no ser así caerán en el vicio de desenfoque que los hace inanes, en la medida que al enfilarse contra argumentos que no contiene la sentencia recurrida dejan en pie los que verdaderamente le sirvieron de apoyo.
Sobre este particular, la Sala ha dicho reiteradamente que la demanda
(…) reclama que su crítica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto técnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente (G. J., t. CCLVIII, pag.294, ratificado CSJ AC2804-2016 y AC1436-2016).
A la luz de lo acabado de expresar, la Corte encuentra que la triada de reproches que formula la promotora son asimétricos, pues, el descontento en ellos expresado, radica en que el Tribunal requiriera que los testimonios dieran cuenta exacta del año, mes y día en que inició el señorío aducido, y al no encontrarlo, los desechara. Sin embargo, por ninguna parte se observa semejante exigencia de ese juzgador, y menos aún que ella fuera el argumento cardinal para denegar la posesión alegada por más de veinte años.
Ciertamente, lo que campea a lo largo de la providencia del ad-quem es la exigencia de que se le demuestre la posesión material exclusiva y excluyente de la demandante en usucapión por el tiempo referido, y la constatación de que ello no se cumplió, porque tales actos, la interesada “sólo los comenzó posteriormente a cuando la titular del dominio inscrita abandonó el predio, Beatriz Aristizábal Salazar, evento que si bien no se tiene certeza sobre la data de su ocurrencia, conforme a las versiones antes compendiadas acaeció hace unos 15 años, es decir, entre el año 1999 y 2000 y, desde esa data a la fecha de presentación de la acción que nos ocupa -24 de octubre de 2011- (fl. 1 c.2) sólo se contabilizan doce años”.
Desde luego que no podría atribuírsele al Tribunal haber hecho una exigencia de la magnitud que le achaca la opugante, por cuanto en relación con la crítica del testimonio, predicó la necesidad de observar, entre otros aspectos, su exactitud, comoquiera que este es un atributo general que el juez debe procurar obtener de todo declarante (num. 3, artículo 228 del Código de Procedimiento Civil), máxime que, por el contrario, en otro pasaje el mismo fallador reconoce que “con este sistema de valoración no se le pude exigir a cada uno de los declarantes que en su testimonio exponga con absoluta precisión todos y cada uno de los detales, pues es apenas natural que puedan presentarse pequeñas diferencias…”.
No se ignora que en un aparte dijo que “basta con escuchar detenidamente cada una de las versiones...para que la Sala arribe a la convicción de que realmente la demandante no ejecuta sobre el inmueble actos posesorios de manera exclusiva y excluyente, es decir, no se comporta como verdadera señora y dueña del bien, o por lo menos, no se acreditó desde qué data desconoce dominio ajeno…”, pero esto último en modo alguno conlleva el requisito que la recurrente enrostra, sino apenas un requerimiento básico para tener por materializada la posesión.
Subraya y quizá explica el desenfoque, el hecho que en sus alegatos de segunda instancia la entonces apelante se quejó de que el juez a-quo exigiera “una prueba diabólica en el sentido de que los deponentes los testigos indique en forma clara y precisa el día el mes y el año en que la señora María Elena Aristizábal entró en posesión…”, lo que muestra que de haberse producido un requerimiento de esa índole en verdad ocurrió en la primera instancia, pero sin más aquella lo traslada a la segunda.
También se observa que el segundo ataque se duele de la conclusión que atribuye al ad-quem de que los demandados fueron “despojados”, pero lo cierto es que en ninguna parte aparece esta aseveración; por el contrario, según se acaba de evidenciar, el fallador señala que la predecesora de los mismos en el dominio, Beatriz Aristizábal Salazar “abandonó” el predio.
Así las cosas, los tres cargos no son idóneos, en cuanto apuntan a fundamentos en los que no se basó el sentenciador de segundo nivel para ratificar la desestimatoria de la demanda de reconvención y la correspondiente excepción de prescripción adquisitiva de dominio.
4.2. Además, en el segundo cargo no se demostró el error de hecho denunciado.
Es de verse, que ese yerro atañe a la materialidad de las pruebas y su contemplación objetiva, pudiendo en general adoptar las modalidades de suposición y preterición, según que en el primer caso el juzgador dé por obrante una que no milita en el plenario o adicione una existente con elementos que no contiene, o en el otro deje de apreciar, sin razón atendible, una obrante en el proceso o cercene su alcance.
Al respecto, la Sala ha dicho que
Los errores de hecho probatorios se relacionan con la constatación material de los medios de convicción en el expediente o con la fijación de su contenido objetivo. Se configuran, en palabras de la Corte, ‘(…) a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en él no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad sí existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que sí existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuyéndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adición o por cercenamiento (...)’ (CSJ, SC9680 24 jul. 2015, rad. nº 2004-00469-01).
En tal medida, para la demostración de un desatino de esa índole, es necesario que el censor despliegue una labor mínima de señalamiento de lo que objetivamente se extrae del medio probatorio y lo que el Tribunal dijo de él o dejó de decir, realizando un cotejo entre una y otra percepción para hacer brillar la equivocación.
El segundo cargo, en cuanto pretende demostrar que no es cierto que “el bien que se pretende reivindicar, está identificado plenamente como un bien de naturaleza singular”, que sus oponentes acreditaron su dominio, y, en ese mismo sentido, que “adquirieron, la plena propiedad sobre el bien…”, la casacionista se limitó a reseñar las pruebas que a su juicio fueron “erróneamente apreciadas”, pero no ejecutó una elemental labor de indicar los pasajes de ellas de los que pudiera evidenciarse la equivocación manifiesta.
Es así como apenas enunció la anotación 17 del certificado de tradición y libertad pertinente sin indicar qué dice ni mucho menos lo que se desprende de ello; y al aparentemente desarrollar el tema de la falta de identificación se enfrascó en un enredado alegato sobre la nomenclatura señalada en la demanda, la sentencia de pertenencia previa, la inspección judicial y lo que llamó “avalúo”, para concluir especulativamente y sin demostrarlo que “el inmueble no es el mismo toda vez que según los linderos tomados tanto por el Juzgado como por el auxiliar de la justicia para llegar de la carrera 71 a la carrera 71 D, existen cuatro cuadras.”
Además, dicho aspecto, establecido por el a- quo no fue materia de controversia en la apelación, por lo que ninguna apreciación concreta realizó el ad-quem, sin perjuicio de observar que citó un precedente conforme al cual cuando el demandado en acción de dominio confiesa ser poseedor “tiene virtualidad suficiente para demostrar…la identidad del inmueble que es materia del pleito”, sobre lo que ninguna crítica realizó la censora, por lo tanto, dejando enteramente en pie ese pilar de la reivindicación.
4.3. El último embate, además, carece de precisión y claridad, pues, el recurrente se limitó a cuestionar la interpretación errónea de los artículos 2352 del Código Civil y 1° de la Ley 50 de 1936, sin explicar, a la luz de los correspondientes textos, cómo se dio el descarrío en el entendimiento de lo que prescriben esos preceptos.
La violación recta de la ley, reiteradamente ha señalado la Corte, “es necesario demostrarla” (CSJ AC de 22 de julio de 2010, Rad. 2006-00026-01), por lo cual no es suficiente aseverar, sin la concreción debida, el desconocimiento de ciertas reglas sustanciales, siendo menester que se manifieste en qué consistió tal conducta y qué incidencia produjo en el resultado judicial final que se controvierte.
5. Cumple señalar que desde otra perspectiva resulta improcedente desconocer las deficiencias formales y técnicas advertidas para darle impulso al libelo estudiado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 del Código de Procedimiento Civil y 7º de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, analizado el proceso, no se observa la ostensible vulneración de las garantías constitucionales de los implicados en la controversia; o la notoria transgresión del principio de legalidad; o una significativa afectación de la ley objetiva comprometida en el juicio; o el marcado agravio de los derechos de las partes.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, resuelve:
Primero: INADMITIR la demanda presentada por MARÍA ELENA ARISTIZÁBAL SALAZAR para sustentar el recurso extraordinario de casación que interpuso contra la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2015 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro del proceso ordinario que a ella y a indeterminados les siguieron LUIS HUMBERTO LANCHEROS APARICIO y ADRIANA MARCELA DÍAZ ARISTIZÁBAL, con reconvención.
Segundo: Notifíquese y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
Ausencia justificada
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VOLLABONA